La opositora Bancada Democrática Nicaragüense, BDN-liberal, anunció ayer que exigirá en la Asamblea Nacional la expulsión del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. También denunció que el mandatario Daniel Ortega quiere crear una guerra civil en Honduras y por ello le proporciona escoltas a Zelaya.

El portavoz del Movimiento Vamos con Eduardo, VCE, Eliseo Núñez Morales, integrante de la BDN, informó ayer que este grupo parlamentario opositor demandará una investigación al gobierno del sandinista Daniel Ortega “por inmiscuirse en asuntos de otro país”.
Núñez Morales, además diputado ante el Parlamento Centroamericano, Parlacen, declaró que Zelaya ha utilizado suelo nicaragüense para crear un conflicto en Honduras y señaló que el gobierno de Ortega ha cometido graves errores.

El legislador opositor declaró ayer a EFE que están tratando de que esta iniciativa se debata en una sesión extraordinaria el próximo 29 de julio, ya que los legisladores se encuentran en su receso de medio año hasta el 3 de agosto.

Aclaración

“La comunidad internacional ha establecido sanciones para Honduras en el ámbito diplomático y económico y no ha ordenado a ningún país que colabore con una intervención para imponer a Zelaya de vuelta en la Presidencia”, dijo Núñez Morales. “Que se le haya dado un golpe de Estado a Zelaya no implica que se pueda actuar de la misma manera después, porque así se estaría contribuyendo a acrecentar un conflicto interno en el cual tenemos que mantenernos al margen”, agregó. Según Núñez Morales, Zelaya ha violentado la soberanía de Nicaragua por usar el territorio nacional para crear un conflicto en otro país.

Señaló que la Policía de Nicaragua le está dando protección a Zelaya para entrar en territorio hondureño, por lo que el depuesto mandatario tendrá que escoger al final “cuál es el estatus que va a tener, si de asilado y cumplir con las reglas del asilo internacional, o de presidente de Honduras”.

Núñez Morales aseguró que esto último implicaría que cualquier acción que Zelaya organice desde territorio nicaragüense debe tener la venia de la Asamblea Nacional, “porque sería un Gobierno extranjero en territorio nacional”.

Investigación

“Además se pedirá una investigación alrededor de la intervención manifiesta del gobierno de Daniel Ortega en asuntos internos de otro país”, dijo. “Creemos que Ortega quiere generar un conflicto en Honduras a manera de venganza porque considera que el territorio hondureño fue prestado en los años 80” para agredir a su Gobierno de entonces, añadió Núñez Morales. El legislador aseguró que la administración de Ortega ha facilitado a Zelaya escoltas de paisano “para ocasionar una guerra civil en Honduras”, en una “especie de venganza personal por el uso del territorio hondureño como base de la antigua Resistencia Nicaragüense”.

La BDN tiene 17 diputados en el Congreso y necesitaría el respaldo de otros treinta legisladores para aprobar la resolución legislativa la próxima semana. En total son 92 congresistas.

La fuente dijo que el proyecto de resolución que impulsa la BND tiene que ser sometido a una comisión parlamentaria para que emita un dictamen, pero indicó que si el pleno lo estima conveniente, se puede dispensar este trámite.

Señalamientos

“Me parece una barbaridad y una gran irresponsabilidad hacer un llamamiento que de hecho es un llamamiento a un derramamiento de sangre. También es una barbaridad decir que desde aquí va a dirigir una columna de gente allegada a él para dirigirse a la frontera de Honduras”, advirtió el ex canciller y actual diputado por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre Sacasa.

El legislador agregó que desafortunadamente Zelaya no está en el país en calidad de asilado, ya que existe jurisprudencia muy estricta que gobierna el comportamiento que deben guardar los asilados y con base en éste se le podría llamar la atención y hasta retirarle el asilo. Aguirre dijo que al ser sólo un “invitado del presidente Daniel Ortega por su pretexto de ser el mandatareio constitucional de Honduras”, se cree con el derecho de actuar a discreción, ya que en la “diplomacia danielista” y de los miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, Alba, “todo juega”, siempre que sea compatible con sus intereses. Aguirre Sacasa manifestó que Zelaya no debe seguir actuando bajo la diplomacia de la Alba.

Contra Ortega

El dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, Edmundo Jarquín, criticó la indolencia del gobierno de Daniel Ortega al “dar amparo” a acciones de este tipo, las cuales pueden meter en problemas a Nicaragua, ya que podrían ser interpretadas por el gobierno del presidente Roberto Micheletti como “una intromisión en los asuntos internos de su país, más allá de lo que contempla la legalidad internacional”.
Según Jarquín, las declaraciones de Zelaya no tienen amparo en la legalidad internacional, la cual sólo respalda la solución de la crisis hondureña a través de la vía política-diplomática.

Jarquín manifestó que el llamamiento de Zelaya a la insurrección le hace perder parte importante de la legitimidad internacional que logró su lucha por el restablecimiento del orden constitucional, a través de las resoluciones emitidas por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, porque dichas declaraciones en ningún momento amparan acciones violentas o de insurrección. EFE