El profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, Oscar Arnal, amplió ante la Fiscalía General la denuncia formulada contra l a suscripción de un contrato de derecho público e interés nacional, en el que se entregó a una empresa dependiente del gobierno de Cuba, el sistema de identificación de los venezolanos y residentes de la Nación, constituyéndose la acción en una violación contra la independencia y la seguridad de cada uno de los ciudadanos, contemplados en el Código Penal vigente y, concretamente, dentro de los delitos denominados  “ De la traición a la patria y otros delitos contra ésta ”.  Al respecto se observa:  Establece el  Código Penal :   “Artículo 132.- Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional ,  conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.  En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela … ”  Dicho artículo contempla varios supuestos de hecho. El segundo establece como necesario para que se concrete la comisión del delito que se tipifica, el de que un venezolano solicite la intervención extranjera en los asuntos de política interior de Venezuela. Es decir, basta con que un venezolano solicite a extranjeros que intervengan, de alguna manera, en áreas relacionadas con asuntos de política interna, para que el delito se configure. El contrato multimillonario con la empresa ALBET, que asciende a 40 millones 40 mil dólares, no se descuenta de la factura petrolera y menoscaba la independencia del país. Poniendo al gobierno cubano en control y resguardo de nuestra identidad, como sí en Venezuela no existiera nadie que pudiera hacerlo con más trasparencia y salvaguardando un área vital para la nación. Se aprovechó la oportunidad para solicitar se restituya la Fiscalía Nacional de cedulación, que siempre estuvo antes de la llegada del actual régimen en manos de la alternativa opositora, especialmente ahora que hay un proceso electoral en ciernes.  De la misma manera, demandó al poder moral o ciudadano compuesto por la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría, que en aras de promover la Constitución y la transparencia en la campaña electoral, se exija al CNE que en todas sus propagandas se garantice que el voto es secreto, para así evitar cuñas equivocas, que intentan desvirtuar que es imposible saber quien voto por quien.